Contexto histórico

Contexto histórico

Desde la muerte del dictador en 1975 y coincidiendo con una profunda crisis económica, los sustentadores del poder económico y político en el Estado español estaban obligados a afrontar cambios sustanciales en sus formas de dominación. Después de tímidos intentos de utilizar los viejos aparatos fascistas, y ante su fracaso, los cambios consistieron en la introducción de formas parlamentarias con presencia de partidos y el ordenamiento de unas libertades políticas básicas recortadas. Eso era en suma la Ley para la Reforma Política de Adolfo Suárez.


El objetivo era mantener prácticamente intacto el ejercito y el aparato policial configurados en la dictadura, conservando, con leves modificaciones, los tribunales y el arsenal legislativo, situando en la cima del andamiaje institucional al Rey, como arbitro supremo entre las clases, partidos e instituciones del Estado. Pero este proceso reformista encontró serios obstáculos en su camino. El primero de ellos la resistencia popular a aceptar las limitaciones que conllevaba. Y de otra parte, las resistencias del propio aparato franquista.


Los acontecimientos de Gasteiz (3 de marzo de 1976) y de Montejurra (9 de mayo del mismo año), supusieron el fracaso de la versión reformista propugnada por Arias Navarro y Manuel Fraga, y llevaron a una situación de crisis generalizada, en un marco de deterioro progresivo de la situación económica y de ascenso de la movilización popular.


Esta situación se solventó con la entrada y colaboración en la operación reformista de partidos como el PSOE y el PCE. Así ante los efectos de la crisis económica se firmó el Pacto de la Moncloa (25 de octubre de 1977), autentico pacto social que supuso el respiro para los empresarios, mientras que la clase trabajadora tuvo que aguantar todas las consecuencias de la crisis económica y su desmovilización.


Junto a lo anterior, ese mismo mes de octubre de 1977 se aprobaría la Ley de Amnistía, segundo pilar sobre el que se asentó la Transición, auténtica ley de punto final e impunidad para con todos los crímenes cometidos por el franquismo desde el inicio de la guerra de 1936, hasta aquella fecha.

Uno de los frontis contra el que chocó el proyecto de la reforma fue Euskal Herria. Los derechos políticos y culturales de un pueblo oprimido, el cese de la represión, la libertad de las personas presas…era demasiado para los estrechos márgenes de la reforma. Romper Euskal Herria era el objetivo y para ello no bastaba la colaboración del PSOE y PCE, eran precisas medidas policiales, medidas institucionales y la colaboración del PNV.