Ley foral de víctimas de la violencia del Estado y Sanfermines 78 Gogoan!

El pasado 26 de marzo, el Parlamento Foral aprobó la Ley Foral de “reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”.

La ley será de aplicación a aquellas personas que hayan sufrido daños en Navarra o que, ostentando la condición política de navarras, hayan sufrido algún tipo de daño fuera del territorio de la Comunidad Foral, consistente en agresiones, atentados o vulneraciones graves de los Derechos Humanos incluyendo la tortura y malos tratos, desde el 1 de enero de 1950 hasta nuestros días.

Antes del 31 de diciembre de 2015, deberá constituirse una Comisión de Reconocimiento y Reparación formada por nueve miembros elegidos por el Parlamento Foral, que, con un mandato de cinco años, se encargará de la investigación de los hechos, elaborando anualmente una memoria con los resultados de las investigaciones.

Cualquier persona que se considere víctima de este tipo de violencia podrá presentar su caso ante esta Comisión.

Desde “Sanfermines 78: Gogoan!” siempre hemos defendido el derecho a contar nuestra propia historia. Una historia diferente a la oficial. Necesitamos que nuestro relato sea oído y tenga reflejo social, porque sin él estamos indefensos frente al poder.

La crónica oficial dice que los sucesos de julio de 1978 fueron un error, una desgracia involuntaria, producto de la provocación de unos pocos y del exceso de celo de algunos mandos policiales. Detrás de esta versión se esconde la defensa del mito de que la Transición consiguió establecer una nueva sociedad en ruptura total con el régimen anterior, del que sucesos como los de julio de 1978 constituyen los últimos estertores.

Sin embargo, nosotras y nosotros creemos que los sucesos de sanfermines del 78 ilustran precisamente lo contrario; son un ejemplo de los mimbres con los que se forjó la mentira de la transición: represión, impunidad, silencio…

Sanfermines de 1978 no fue algo aislado ni casual. Por el contrario, una agresión premeditada y con un claro objetivo político, detrás del cual estaba el intento por imponer un modelo determinado de Estado y la consolidación del proyecto político de la derecha que nunca ha roto con el régimen franquista.

En aquellos sucesos fue agredida toda la ciudad de Iruñea, y por ende Navarra. Y al extenderse la solidaridad, también se extendió la represión.

Recordemos que aquella barbarie dejó nueve personas heridas de bala, 170 contusionadas de diversa consideración y sobre todo dos asesinadas: Germán Rodríguez y Joseba Barandiaran.

Han transcurrido 36 años y el Estado español sigue sin reconocer su implicación en aquellos hechos; 36 años sin que la verdad haya sido oficialmente reconocida, sin que los tribunales hayan condenado a los responsables y sin que el daño causado haya sido restañado.

Treinta y seis años sin Verdad, Justicia ni Reparación, en los que hemos tenido que ver cómo los responsables de aquella gravísima violación de los derechos humanos eran consolidados en sus puestos, ascendidos, premiados e incluso condecorados por los gobiernos de aquella fraudulenta Transición, sin que se llevase a cabo investigación alguna, ni tan siquiera en el caso de los personajes más significados. ¡Es difícil imaginar un mayor grado de injusticia, humillación y abandono!

No somos un caso aislado. Vivimos en un lugar en el que aún hay más de 100.000 víctimas del genocidio franquista desaparecidas en fosas comunes y sus familiares tienen que luchar para conseguir la búsqueda de sus seres queridos. Un lugar en el que no se ha exigido responsabilidad alguna por el robo de más de 30.000 bebés ocurrido, principalmente, durante la dictadura y basado en gran parte en motivaciones políticas. Un lugar en el cual las grandes empresas de la construcción que se beneficiaron del trabajo esclavo de miles de prisioneras y prisioneros políticos no han hecho frente a responsabilidad alguna. Un lugar en el que transcurridos más de 77 años desde el golpe de Estado del general Franco, la primera investigación iniciada sobre los crímenes del franquismo ha tenido que ser abierta por la justicia de un país lejano, porque las leyes que se consolidaron durante la Transición impiden realizarla aquí.

Por ello cada fosa que se abre; cada símbolo fascista que se saca a la luz; cada denuncia que se hace de los crímenes perpetrados por la dictadura y durante los años posteriores… nos hace sentir que formamos parte de un mismo impulso, de una ilusión común, de un esfuerzo compartido.

Creemos estar más cerca que nunca de conseguir el objetivo que venimos persiguiendo desde hace 36 años, objetivo imposible de alcanzar sin el esfuerzo de muchas personas que año tras año con su movilización en torno a la estela de Germán nos recuerdan que se resisten a ser sepultadas bajo el olvido, la mentira o la historia falsificada y que sigue pendiente el devolver la dignidad a una ciudad y a un pueblo brutalmente agredido y maltratado.

Esta Ley Foral llega muy tarde, pero es un paso adelante que se suma a la dinámica social de avance en la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición en la que estamos empeñados.

Es un paso de una institución que hasta ahora había permanecido muda ante la injusticia y la impunidad del Estado. Por primera vez, familiares y asociaciones de víctimas del terrorismo de Estado hemos podido denunciar estas barbaridades en el Parlamento.

La Ley podía haber sido mejor, más elaborada y recoger más aportaciones de las víctimas. Nos habría gustado que el título fuese más claro y contundente y que hablase de violencia cometida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Que la Comisión se llamase de “Investigación”. Y, sobre todo, que en el articulado se garantizase la participación de las organizaciones que llevan años luchando en este terreno. O que la elección de los miembros de la Comisión fuera más democrática…

No obstante, como “Sanfermines 78: Gogoan!” nos comprometemos a ayudar a que esta Ley sirva para avanzar. Porque así ganarán la verdad y la justicia, y se pondrá un elemento más para que hechos similares no se vuelvan a repetir, contribuyendo al avance hacia una democracia más digna de ese nombre y hacia el buen desarrollo de una nueva situación de superación de tantos años de sufrimiento. Consideramos que no es posible avanzar hacia una sociedad más democrática con sucesos como los de Sanfermines 1978, entre otros, sin esclarecer. Solo con el pleno conocimiento de lo que ocurrió y con la asunción de las responsabilidades que correspondan se aportará de una forma constructiva a una sociedad más sana, se podrán cerrar etapas en clave de justicia y garantía de que lo ocurrido no vuelva a pasar.

Por todo ello resulta patética, a la vez que significativa, la amenaza del Partido Popular de Navarra y de UPN de recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional, cuando no han tenido argumentos políticos en el debate parlamentario para contrarrestarla. Amenaza que inmediatamente ha sido recogida por la Delegada del Gobierno del Estado español en su línea de impedir cualquier iniciativa política que cuestione el discurso del régimen de no ruptura, impunidad e imposición instaurado al final de los años 70.

La Ley aprobada puede ayudar, pero no va a sustituir el trabajo de asociaciones como la nuestra en el ámbito social y en la calle donde seguiremos luchando por un futuro construido sobre la Verdad y el respeto a todos los derechos humanos.

Ver también: Intervención de Sanfermines 78 gogoan en el Parlamento de Navarra